Ley Educativa Revolucionaria (comunista y liberal)

En Cuba han comenzado una revolución educativa. Echémonos a temblar. Imagino comités de parlamentarios españoles viajando a la isla para conocer de primera mano el experimento educativo caribeño. Más tarde foros, informes, y quizás una nueva ley, la LER (Ley Educativa Revolucionaria).

El País, cómo no, informaba de los parámetros de los cambios:

Hasta el momento se han distribuido 109.117 televisores y 40.858 equipos de vídeo en los centros de enseñanzas, y "en breve habrá una computadora por cada 25 alumnos", señala. En 2002 se creó el primer Canal Educativo de la televisión cubana, que emite para las escuelas de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y se han formado más de 40.000 profesores generales integrales, que imparten clases de todas las materias, excepto Inglés y Educación Física, apoyándose en las teleclases elaboradas por la Televisión Educativa.
Muchos padres han criticado la capacidad de estos profesores y la calidad de su preparación. "La idea es que los problemas que pueda haber con la formación de los maestros se subsanen con los medios puestos a su disposición, pues las clases en soporte audiovisual son realizadas por los mejores profesores cubanos", afirma Ruiz.

Es decir, en vez de profesores, gente capacitada con conocimientos profundos, “educadores”, un término que oculta la realidad, ya que la finalidad que tienen es la manipulación ideológica tras una fachada de "mediadores en la costrucción del conocimiento".

Un paradigma de futuro para los estatalistas españoles que sueñan, desde la utopía diseñada en la Institución “Libre” de Enseñanza, por un sistema educativo monopolizado por el Estado, en el que la uniformización y el adoctrinamiento sean constantes, y cualquier diferencia –religiosa, ideológica, cultural- sea reprimida por antisocial.

Frente a ello ¿cómo sería una LER de carácter liberal?. A grandes rasgos:


La característica más relevante del sistema educativo español es que su estructura es la de un monopolio estatal de facto, vía colusión entre el sistema estatal propiamente dicho y el denominado “privado-concertado”. La segunda de importancia es que casi todos los agentes implicados ignoran la anterior, o no le dan importancia.

Este monopolio educativo estatal se produce a través de la provisión de la enseñanza en dos redes, la estrictamente estatal (denominada “pública” torticeramente) y la subvencionada por parte del Estado, que condiciona al cumplimiento de una infinidad de intervenciones distorsionadoras como requisito para que la subvención se haga efectiva. La aportación de la red privada-privada es insignificante. Mientras que la red estatal cuenta con el 66,6% de los centros españoles no universitarios, la concertada dispone del 24,8% y la privada sin dependencia estatal del 8,5%. El conjunto de lo dependiente, directamente o indirectamente, del Estado se eleva por tanto al 91,4%.

En España la elefantiasis del sistema estatal no ha permitido la proliferación e implantación de un sistema privado de enseñanza primaria y secundaria que repercute en la exigua cantidad de dinero dedicado a la educación con respecto a otros países avanzados. Así mientras que EE.UU. gastó un 7,0 por ciento en educación en el año 2000, de los cuáles el 4,8 por ciento correspondía al sector público y el 2.2 por ciento al sector privado, en España, para ese mismo año, el gasto total en educación se elevaba al 4,9 por ciento, del cual sólo ¡el 0,6 por ciento! se correspondía con el sector privado. Otros países como Corea del Sur con el 2,8 por ciento, Japón con el 1,2 por ciento, Canadá con el 1,2 por ciento o Australia con el 1,4% también son sistemas en los que la competencia intercentros redunda en una mejora de la calidad escolar.

Por otra parte, los dos modelos ideológico-pedagógicos dominantes, el conservador y el socialista, cuando alcanzan el poder político se basan en alguna de las dos patas citadas del sistema, la estatal y la privada-concertada, pero jamás ponen en cuestión la idoneidad de dicho monopolio encubierto. Alternativamente se van produciendo lo que denominan “reformas”, que en sus aspectos más novedosos o innovadores son boicoteados por la tendencia ideológica-pedagógica opuesta, lo que contribuye a la sensación, muy real, de que en el terreno educativo se cambia todo para continuar exactamente igual. Después de diez años de reforma socialista ahora los conservadores se lanzan a una reforma de la reforma que, de nuevo, deja intactos los cimientos y la estructura del sistema educativo estatalizado, vía educación concertada. Y posteriormente, los socialistas vuelven a las andandas.

Esta estructura de la provisión educativa se ve reforzada por el sistema de distribución de las plazas escolares, las cuales se reparten atendiendo fundamentalmente a criterios de proximidad al centro escolar, lo que implica que los institutos y escuelas cuentan con una población cautiva que tiene que aceptar sumisamente el centro que el azar ha colocado en el área de cercanía de su domicilio.

Este monopolio educativo estatal, o de duopolio en colusión, tiene una tercera característica estructural de importancia como es que la parte del león dentro del sector privado que vive bajo el ala proteccionista del Estado pertenece fundamentalmente a la Iglesia Católica, directa o indirectamente, lo que contribuye al monopolio referido sobre todo cuando el poder político pasa a la derecha conservadora, que prefiere que la dirección ideológica-pedagógica del sistema educativo se realice a través de la red privada-subvencionada católica en vez de por la estrictamente estatal.

La consecuencia más inmediata de esta ordenación del sistema educativo es la práctica ausencia de competencia entre centros. La fuerte intervención de los distintas Administraciones estatales, central y autonómicas, en la configuración y el desarrollo de los agentes del sistema escolar estrangulan las iniciativas, bloquean los proyectos, ahogan las inquietudes y los intereses que más podrían favorecer a los alumnos en una sociedad avanzada (por el contrario se promueven iniciativas que favorecen a la propia Administración, desde el punto de vista ideológico). Sólo aquellos que se han encontrado un acomodo en el interior de este sistema se sienten a sus anchas: los gremios de profesores que han conseguido imponer privilegios absurdos que logran pasar bajo la etiqueta de “derechos”; sindicatos de alumnos, a favor de un “café para todos” que niega al mérito importancia en el progreso académico; organizaciones de padres obsesionados por el “éxito escolar” a cualquier precio, aunque ese precio sea rebajar el grado de exigencia hasta mínimos indecorosos; autodenominados “expertos” en educación que reniegan de la metodología científica y defienden sus prejuicios políticos en pedagogía como si fuesen dogmas irrefutables, no susceptibles de discusión y experimentación.

Todo el conjunto del sistema educativo, independientemente de su carácter estatal o privado, o de su lugar de establecimiento geo-político, está diseñado en sus grandes parámetros desde el Estado central y/o autonómico. En este contexto de intervencionismo agudo por parte del Estado, no hay lugar para la elección de las familias, de los estudiantes, de las empresas para diseñar los sistemas de educación que estimasen más oportunos. La descentralización del Estado de las Autonomías no ha desembocado en una desestatalización sino más bien todo lo contrario. El modelo centralista e intervencionista ejercido desde el poder central se ha trasladado tal cual a los poderes autonómicos, sin que por otra parte el poder central haya renunciado a su cuota de poder. Así que al intervencionismo centralista se le ha sumado un intervencionismo autonómico igualmente burocrático. Un ejemplo de cómo se trata de encubrir el intervencionismo intenso del Estado en el sistema educativo es la tesis de un defensor del modelo conservador, García Garrido, de que “tras veinte cinco años, el clima de dejación estatal en materia educativa ha ido en progresivo aumento”, confundiendo “gobierno central” con Estado, un lapsus que revela su ideología al respecto; tesis que más adelante él mismo refuta en el mismo artículo, cuando asegura que “tal desestatización no tiene como beneficiaria a la sociedad civil... sino a las Comunidades Autónomas” (García, 2003). Como si las Comunidades Autónomas fuesen una especie de purgatorio entre el Estado y la sociedad civil.

Junto a la falta de capacidad de elección de las familias y de autonomía de los Centros, la nacionalización del sistema educativo comporta un diseño inadecuado del sistema de incentivos al profesorado que no favorece, más bien todo lo contrario, la mejora de la docencia. La principal tara desde el punto de vista del profesorado son los sindicatos convertidos en defensores de los privilegios burocráticos y en paradigmas del sectarismo demagógico que favorece la emergencia de un profesorado incompetente y esclerotizado. Esto es especialmente grave en cuanto que el potencial del profesorado de secundaria es enorme, pero en vez de hacerlo emerger se prefiere, por parte de la Administración Estatal y de jerarquía eclesiástica, un cuerpo de profesores de Secundaria mediocre pero sumiso a otro brillante, activo e innovador.

Desde un punto de vista liberal el sistema educativo español ni ha sido, ni es, ni tiene visos de serlo en un futuro más o menos cercano, un sistema que incentive la libertad, la excelencia, la equidad por ningún lado. Más bien todo lo contrario. Desde un punto de vista liberal, el sistema educativo español se caracteriza por
1el intervencionismo estatal en todos sus niveles, tanto públicos como privados
1una empobrecedora homogeneidad
1una falta de respeto a la libertad de elección de los que debieran ser los protagonistas decisorios del sistema: las familias (los padres y el alumnado)
1una falla en la autonomía de diseño de los propios Centros escolares así como de las diversas Comunidades a las que supuestamente están transferidas las competencias educativas
1un sistema de incentivos absurdo con respecto a la labor de los docentes y las directivas de los Centros perverso, ya que premia a los menos capacitados, a los indolentes, a los burócratas en el peor sentido de la expresión
1una ausencia generalizada de evaluación adecuada de los diversos sectores que componen la comunidad escolar. El alumnado apenas es evaluado de forma sistemática y con resultados que puedan ser comparados. El profesorado está huérfano de cualquier tipo de evaluación periódica sobre el reciclaje de su formación
1el desprecio más acusado hacia la competencia en cualquiera de sus formas como mecanismo incentivador de las conductas y las ideas
1Un centralismo uniformizador de las diferencias, que impide la competencia escolar entre comunidades. A su vez, en el seno de las Comunidades, estas han copiado el modelo centralista e intervencionista del Estado General.

Falta de libertad, ausencia de competencia entre Centros, sistema de incentivos irracional cuando no hipócrita, intervencionismo elitista por parte de “expertos” y políticos sobre las decisiones que afectan a las familias. El catedrático de Historia Económica Gabriel Tortella es contundente: “homogeneizar lo mediocre es crear una mediocridad más grande... La Universidad española está peor porque los lastres del franquismo no se eliminaron con la democracia” Y la referencia a la Universidad es extrapolable al sistema educativo entero. Entre la Escila de un conservadurismo tradicionalista (el neoconservadurismo) y la Caribdis de un progresismo obsoleto (el paleoizquierdismo), el liberalismo en Educación no ha sido jamás practicado en España.

Descentralización, competencia, privatización, incentivación, homologación, objetividad, deseo de saber y de ayudar a los demás, excelencia. La clave está en la competencia. Al igual que en otros sectores, un sistema educativo nacionalizado como el actual implica que la competencia entre centros, (por tanto, entre alumnos y profesores) deja de darse y, por otro lado, falta la presión de los “accionistas” privados, que serían las familias. La falta de competencia significa que deja de haber incentivos para manejar los dos factores fundamentales en la actividad educativa, que son el riesgo y la recogida de la información necesaria (acerca de métodos pedagógicos más eficientes, de cuáles son las tendencias de mercado sobre las necesidades laborales, sobre las expectativas familiares, sobre nuevos contenidos curriculares). Por otro lado, la falta de presión de las familias conduce a la desaparición de la tensión innovadora y a la aparición de la abulia burocrática y funcionarial. Lo que significaría hacer una peor institución educativa, propensa a los pseudoméritos de la antigüedad y la sumisión administrativa. En conclusión, esta nacionalización del sistema educativo, siempre con la mejor voluntad del mundo y animado por consideraciones utópicas dignas de la mayor estima, acaba por generar mayores pérdidas a los ciudadanos.

Frente a la colusión neoconservadora-paleoizquierdista, un modelo liberal significaría trastocar la estructura de privilegios que ahogan toda capacidad de iniciativa. Desde el punto de vista de los profesores se fomentaría una carrera profesional meritocrática basada en factores objetivos propios de la docencia, como es el desarrollo cognitivo, a través de doctorados y otras licenciaturas, y la trayectoria investigadora, favoreciendo el potencial existente entre los profesores de instituto actualmente colapsado. En este apartado del profesorado se estimularía una inspección evaluadora objetivamente del trabajo del profesor, tanto en el ámbito docente (acabar de una vez por todas con el aula como un compartimento estanco) como en el ámbito investigador, siguiendo la máxima de que lo que no se evalúa, se devalúa.

Desde el punto del alumnado, habría que multiplicar las pruebas homologadas y objetivas que sirviera de acicate y de filtro de los intereses y capacidades del alumnado hacia los que son sus intereses fundamentales.

Desde el punto de la Administración central, creernos ya que vivimos en un Estado federal de facto, con lo que las Administraciones autonómicas deben tener derecho a decidir cuál es el marco general de mínimos en el que desarrollar los sistemas de competencia internos para, de este modo, desarrollar más competencia intercomunitarios dentro del mismo Estado general.

En algo que podemos estar de acuerdo casi todos es en la consideración de la educación como un bien público. Sin embargo, aquí aparece el primer problema porque la denominación “bien público” se suele asociar automáticamente con intervencionismo estatal, ya sea en la provisión del bien, en su financiación o en una regulación más o menos amplia de la institución educativa. Pero con rigor “bien público” meramente se dice de los bienes que no pueden ser tratados como mercancías, no porque sean axiológicamente o metafísicamente superiores, sino en el sentido de que beneficia tanto a los que la consumen como a los que no. Es un tipo de bien el público con grandes externalidades positivas, lo que también ocurre con la defensa o el transporte público (que también son bienes públicos), como la mejora de la convivencia, la mayor productividad laboral y el incremento de la creatividad, factores todos ellos que configura el carácter público del bien educativo, que lo es por tanto desde esta perspectiva que atiende fundamentalmente a criterios de eficiencia.

Que sea un bien público, por tanto, no implica necesariamente que su provisión haya de hacerse, total o parcialmente, desde el sector estatal. Como muestra la evidencia empírica es posible una provisión del bien público educativo desde el sector privado; así las mejores Universidades norteamericanas, que son privadas, y también multitud de institutos de educación secundaria. Al mismo tiempo, la provisión estatal de la educación no tiene porqué ser ineficiente, como muestran las Universidades de California o Michigan. Pero es que es precisamente el mecanismo de la competencia lo que posibilita que sé de un umbral crítico de eficiencia que lleva al deseo de atraer a los mejores estudiantes, y a poner las manos a la obra para que tales deseos sean efectivos y se traduzcan en la realidad.

Estatal o privado puede haber una oferta de calidad del bien público de la educación. Lo que no es óbice para que la misma sea vista de manera importante, aunque no única, como una inversión, tanto desde el punto de vista individual como social. Y cuando se asume este punto de vista de la educación como una inversión en el desarrollo de las capacidades que va a hacer al individuo, y a la sociedad en la que se desarrolle éste, más fuertes, ricos y complejos, es ineludible plantear a su vez dos cuestiones colaterales, el de la calidad y el de la equidad.

“Fruto de una manía igualitarista y uniformizadora que ha hecho que se aspire a que todos los centros sean iguales... La idea de que todas deben tener el mismo plan y ser iguales es absurda; el mejor sistema sería uno en el que compitieran” Antes Tortella nos indicaba cuál es el problema del sistema educativo, ahora apunta a la solución. ¿Por qué los liberales parecen tan fanáticos por la competencia? Desde el exterior esto suele adscribirse a un desmedido afán de lucro, a un egoísmo insolidario, a una irresistible voluntad de sobresalir por encima de los demás sin parar mientes en consideraciones relativas a la justicia o la igualdad. O quizás una combinación perversa de todo lo anterior.

Sin embargo, los argumentos a favor de la competencia son estrictamente racionales y los objetivos que se persiguen están tan relacionados con la maximización del bienestar social e individual como los que pudieran perseguir Paulo Freire o Illich (por citar un par de autores partidarios de un sistema paternalista estatal).

Expliquémonos a partir de otro sector económico. Actualmente nadie defiende la nacionalización de la banca, aunque hace una veintena de años todavía se defendía apelando al bien público que podría ser la concesión de créditos. ¿Por qué un sistema bancario fuertemente intervenido? Según la argumentación paleoizquierdista, siendo la banca propiedad del Estado la obtención de beneficios no habría condicionado la decisión de otorgar créditos, con lo que las empresas que los hubiesen solicitado los habrían conseguido, y la crisis no se habría producido. Según el economista de izquierdas la falta de competencia (el no estar empujado por la “ley de la selva” del mercado) entre bancos evita la “ley de la selva” del mercado y la falta de presión por parte de los accionistas para conseguir dividendos (es decir, beneficios) permite al dirigente bancario guiarse por criterios políticos de maximización del bienestar social, y no por su espurio interés particular (y el de sus accionistas de paso).

Como indicaba anteriormente ya no hay economista de izquierdas "respetado", como indica Juan Urrutia, que defienda la nacionalización de la banca. Y no porque no fuese un óptimo con el que se podría alcanzar la maximización del beneficio social al que nos referíamos sino porque no es alcanzable. Si efectivamente se nacionaliza la banca y esta no se lleva por criterios de racionalidad económica sino que mira exclusivamente a la consecución del bienestar social y comienza a prestar dinero, comenzaría a perder dinero y entonces todos los ciudadanos cargarían con esas pérdidas, en vez de caer sólo sobre los accionistas, aunque no serían pérdidas directas sobre sus bolsillos sino a través del déficit nacional.

Pero es que además, y aquí está la clave del argumento, la banca nacionalizada implica que la competencia entre bancos deja de darse y, por otro lado, falta la presión de los accionistas privados. La falta de competencia significa que deja de haber incentivos para manejar los dos factores fundamentales en la actividad bancaria, que son el riesgo y la recogida de la información necesaria. Por otro lado, la falta de presión de los accionistas privados conduce a la desaparición de la tensión innovadora y a la aparición de la abulia burocrática y funcionarial. Lo que significaría hacer una peor banca. En conclusión, una nacionalización de la banca realizada por nuestro economista de izquierdas, siempre con la mejor voluntad del mundo y animado por consideraciones utópicas dignas de la mayor estima, acabaría por generar mayores pérdidas a los ciudadanos.

Hablemos de puertos. Cuando el Congreso de los Diputados dio (en la anterior legislatura) su aprobación final a una nueva Ley de Puertos, introdujo un nuevo modelo de organización y gestión. Esta ley ha intentado equilibrar las dos dimensiones que estas grandes infraestructuras requieren, a medio camino entre la liberalización y el intervencionismo, equidistante entre centralización y descentralización.

La ley distingue entre provisión y gestión, por un lado, que se le encomienda a la autoridad estatal en sus diversos niveles competenciales y la prestación del servicio en sí que se encarga a las empresas privadas y, siempre que sea posible, en régimen de competencia, según licencia, de carácter reglado, que podrán solicitar y obtener todas aquellas empresas que reúnan las condiciones exigidas para ello. ¿Qué es lo que se busca con este modelo? Como apunta Gaspar Ariño conseguir “capital de refresco, experiencia internacional, conexiones logísticas, innovación, dinamismo...” que señala también de dónde viene la dificultad de implantación del modelo: “siempre habrá personas que se resistan al cambio, sobre todo a cambios que fuerzan a trabajar y competir” . Como vemos los privilegios y la incompetencia no son exclusivos del terreno educativo aunque sí sea más difícil eliminarlos.

Con respecto al segundo aspecto, la descentralización dentro de una homologación general, con lo que de incentivación de la competencia que ello significa matizada por un principio de autofinanciación y de solidaridad del sistema, a través de un Fondo de Compensación estructurado de manera tal que no bloquee la competencia, tan sólo ajustando según diferencias ocasionadas por la diferente situación competitiva. La Autoridad Estatal tiene una función no intervencionista sino reguladora y supervisora de las condiciones en que deben prestarse los servicios por las empresas, libremente y en competencia, de manera tal que se eviten las prácticas colusivas o de abuso de posición dominante.

Y si con los puertos se puede, ¿hasta cuándo se seguirá imponiendo una burocracia estatizada, doctrinal e incompetente en el sistema educativo?